Los archivos desempeñan una función crucial en la violación sistemática de los derechos humanos. La persecución de grandes colectivos requiere que los servicios de espionaje, las unidades militares o los aparatos policiales lleven a cabo una exhaustiva labor de inquisición que genera ingentes cantidades de documentación.
Por esta razón, los archivos no son meros repositorios de papeles: constituyen parte activa y necesaria en las políticas de sometimiento y exterminio. Podemos rastrear la huella que dejaron las víctimas a través de la información que sobre ellas recopilaron sus verdugos, depositada en los archivos que ellos mismos crearon. Archivos que también nos permiten conocer mejor a esos verdugos: cómo percibían el mundo; cuáles eran sus ideas; cuáles sus miedos, sus filias y sus fobias; cómo se organizaban; qué motivos impulsaban sus acciones y cómo se llevaron estas a cabo…
El acceso de la ciudadanía a los documentos que atestiguan las violaciones graves de los derechos humanos constituye una demanda básica de toda democracia, como reconoce la Agenda 2030 de Desarrollo sostenible de las Naciones Unidas al “garantizar el acceso público a la información”. En los últimos años, tanto en América latina como en España, han tenido lugar importantes avances en la apertura de fondos documentales, las organizaciones estatales aún imponen por doquier un amplio repertorio de obstáculos: archivos policiales, militares o del servicio exterior inaccesibles; normas arbitrarias para consultar la documentación; presupuestos escasos para incentivar la transparencia; leyes de secretos oficiales muy restrictivas; interpretaciones judiciales del derecho al olvido que contravienen el derecho a conocer el pasado… Sobre todos estos asuntos trata este libro.